La recaudación tributaria presenta exitosos avances, pero la desigualdad económica aumenta, afectando a los menores de edad debido a servicios públicos e infraestructura en condiciones precarias
Jennifer López
La clasificación cinco estrellas es el estándar más alto resultado de las ejecuciones con eficiencia y servicios de calidad, al indicar que el Gasto Público de Guatemala ha alcanzado esta valoración, genera interés al querer entender porque la niñez guatemalteca se cubriría con techos de cartón, y sus antecesores no cuenta con oportunidades de crecimiento, desarrollo humano y oportunidades de progreso social.
El Ministro de Finanzas Públicas, Álvaro González Ricci, durante el comunicado de prensa del siete de enero de 2022 indico que para cierre del año 2021 la ejecución presupuestaría alcanzó un porcentaje de 98.6%, siendo esta la cifra más exitosa después de 23 años, por otro lado, la Superintendencia de Administración Tributaria -SAT-, reveló que obtuvo un superávit de más del 12% en recaudación tributaria en el primer trimestre de 2022, sobre pasando la meta de recaudación de forma historia. Sin embargo, la revista médica The Lancet indicó que en Guatemala el 70% de los niños menores de 5 años vive en la pobreza y 2,7 millones de menores de edad registran casos de desnutrición crónica. ¿A qué se debe entonces este contraste de la realidad del guatemalteco?
La Cartera del Tesoro de Guatemala dijo que, en 2021, el Gobierno tuvo un presupuesto de Q107 mil 521.5 millones; sin embargo, Q13 mil millones carecían de fuente de financiamiento, es decir, que solo hubo disponibilidad de Q94 mil 354 millones”, lo que representa una ejecución de 98.6%.
Por otro lado, también indica que: “los Ministerios de Salud y Gobernación son las entidades que más presupuesto ejecutaron el año pasado, según las estadísticas del Sistema de Contabilidad Integrada (SICOIN)”. Con ello se entendería que el sistema de salud en Guatemala mostro eficiencia al ser uno de los rubros del Presupuesto General de la Nación con mayor ejecución en el ejercicio del periodo 2021.
Sin embargo, la Procuraduría de los Derechos Humanos –PDH- a través de la Defensoría de Salud en el primer trimestre del año 2022 han recibido más de 30 denuncias por la atención hospitalaria deficiente, teniendo en cuenta que Guatemala no es un país con cultura de denuncia, lo que indica entonces que las quejas pueden ser en números más elevados pero que quedan en el anonimato.Entre lo que destaca dentro de las denuncias son cuestiones como la falta de medicamento, la no atención a las consultas externas, la falta de camillas e insumos para atender emergencias, que ha llevado a los pacientes a que el aumento en progreso de la enfermedad avance sin una cura e incluso la muerte en sala de emergencias, por la falta de atención.
Según indica el economista Diego Álvarez, encargado de Riesgos Macroeconómicos, que la carga tributaria en Guatemala no es justa para todos sus pobladores por igual, el problema radica en que las cargas impositivas deberían de medirse basado en los ingresos de forma individual y de forma empresarial y no por el contrario, aumentado la carga tributara al consumidor final, “porque se va del lado de las personas, tenemos muchos más impuestos como personas sin recibir un beneficio del estado, mientras que las empresas solo tienen que pagar unos que otros impuestos y muchas veces los impuestos son trasladados a nosotros, como el caso del (Impuesto al Valor Agregado) IVA que en teoría su naturaleza en otros países es que la paga la empresa, pero, en Guatemala se traslada a los productos finales y las paga el consumidor final. Tenemos un sistema tributario bastante desequilibrado, que beneficia a las minorías, mientras que la mayoría de la población los mortales como nosotros no tenemos esos beneficios como tal, nosotros cargamos la mayor parte de la tributación”.
Se concluye que la tributación no es escasa, la indiferencia de las personas para tributar o, por el contrario, la falta de cultura tributaria en el país, no es la causa de que los servicios públicos no sean de calidad o no reflejen el éxito de la recaudación tributaria, por la que el Fisco ha trabajado en los últimos años gracias a su Plan Estratégico Institucional 2021-2025, con el que se ha logrado aumentar la recaudación de manera sostenida y reducir la brecha de incumplimiento tributario, así como facilitar a los contribuyentes el cumplimiento y pago de sus obligaciones tributarias y aduaneras. “Hace años en la universidad yo estaba en un curos de cuentas nacionales donde analizamos el presupuesto del ministerio de educación El 80% del presupuesto del ministerio de educación iba para gastos operativos mientras que el 10% iba para gastos no identificados y solo el 10% iba para inversión, para mejoramiento de escuelas, mientras que el 80% iba literalmente transporte, telefonía pagos de maestros y pagos de los empleados del ministerio, pagos al Ministro y a los Sindicatos ósea te imaginas que si se invirtieran los papeles el 20% para todos esos pagos y el 80% para inversión ¿cómo cambiaria todo el sector educativo en Guatemala? con casi 15 mil millones de quetzales. Y si se ve cada ministerio es igual (…) La recaudación no es el problema de la corrupción sino como el gobierno central lo distribuye” Lo que indica Álvarez al respecto de la utilización de los recursos del Estado.
Es precisamente en este punto, donde se logra entender porque a pesar de un superávit del 12% de recaudación y un 98.6% en la ejecución del Presupuesto General de la Nación 2021, no se ve reflejado en los servicios públicos. Para darle nombre y apellido a la causa en concreto es importante dar a conocer que es el Gasto Publico y que es el Gasto social, ya que es a estos dos rubros es a donde se dirige el dinero de la población, producto de la recaudación tributaria. Por ello si, se le manifiesta a la población que Guatemala después de 23 años rompe récord en Gasto Publico, entiéndase por Gasto Publico todo lo que gasta el Gobierno en cuestiones administrativas y, por otro lado, el Gasto social, son los recursos que sirven para financiar políticas con la finalidad de dar protección social, salud, vivienda, seguridad, y todo aquello que va dirigido al servicio de la población.
De forma más explícita, el Gasto Publico encierra al Gasto Social, y este último es como tratar salud, educación, infraestructura y todo aquello que es parte de la protección social, la seguridad o bien todo lo destinado a la población, mientras que el Gasto Público es todo lo que gasta el gobierno para salarios, viáticos, gastos de combustible, todo el gasto que no va dirigido a la población sino a la parte administrativa.
Esto evidencia entonces que los gastos administrativos son mayores a los gastos de inversión por ende el progreso no se ve reflejado. Para entender un ejemplo: Juan tiene una empresa de gaseosas, pero dentro de su presupuesto anual, la distribución de los recursos se compone del 90% de sus ingresos en gastos de ventas y de distribución (Gasto Publico) y el 10% para la compra de materia prima (Gasto social), pero Juan logra observar que en su presupuesto los gastos son mayores a sus ingresos, entonces acude a el Banco Bicarbonato (Prestamos del extranjero / adquisición de deuda externa), para financiar el déficit provocado por el exceso de recursos destinados a temas administrativos. Lo cual demuestra que Juan no está siendo un administrador eficiente de sus recursos. Esto es lo que sucede en Guatemala, esa forma de ejecutar el presupuesto es el que frena el progreso social y el bienestar del individuo a nivel poblacional.
Por otro lado, la Fundación libertad y desarrollo en su informe Presupuesto público 2022 ¿Otra oportunidad perdida? Indica que: “El presupuesto aprobado para el 2022 adolece de las mismas falencias de siempre. Lamentablemente no se parte de una visión de Estado, de un plan de gobierno o de una política pública innovadora para elaborarlo. Simplemente se alimenta un Estado que a todas luces es anacrónico y es incapaz de brindar las condiciones para el desarrollo económico y social”.
Por ende, Guatemala es el mejor país con recaudación tributaria a nivel Centroamericano para el 2022, entonces el reflejo debería ser a nivel de progreso y desarrollo siendo entonces una nación con servicios de calidad. Y esto no se ve de forma sustancial porque los gastos en los presupuestos no son destinados para inversión en políticas para el beneficio de la población, de igual forma el individuo no obtiene una recompensa por esa tributación a través de servicios de buena calidad, ya que si se desarrollada de esta forma la ejecución de recursos, se lograría la competencia publica y entonces así, se subsanarían los gastos de la Canas Básica, el país sería más competitivo y con esperanzas de desarrollo humano más competitivas a nivel mundial.
Guatemala entra en este momento en una fase transitoria de Gobierno, así como la aprobación de su Presupuesto General 2023, por lo que aún puede cambiar el panorama entorno a un Gasto Social, digno y justo para la población, sin embargo, la coyuntura del país deja entre ver un mar de incertidumbres en cuanto a lo que sucederá para el 2024. Lo único seguro hasta el momento es el alza a los precios de la canasta básicas.
Por otro lado, Álvarez hace énfasis en la reflexión que “Lo más sano para la economía del país no son préstamos, ni mucho menos el aumento de la carga impositiva de los impuestos, sino que el Gobierno tenga un buen plan de financiamiento, reducción de gastos que son absurdos en cosas que no se deben de gastar, más Gasto Social y menos Gasto Público (entiéndase de forma administrativa)”, sin ello, aunque los niveles de tributación sean exitosos, los servicios públicos nunca podrán reflejar este benéfico en la población, a todos los niveles y rangos de edad, porque esto produce que cada día en Guatemala crezca el porcentaje de pobreza y extrema pobreza y a su vez esa falta de distribución de recursos en servicios públicos hace que el refugio de los menores de edad sean techos de cartón.
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